¿Dónde estaba la revisoría fiscal?

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En todas y cada una de las asambleas ordinarias de accionistas, que por ley deben convocarse mínimo una vez al año, el punto del orden del día que menos debate suscita y frecuentemente hay que implorar para que alguien acepte esa designación, es el del nombramiento del revisor fiscal para el periodo siguiente.

De acuerdo con el Código de Comercio, corresponde a la revisoría fiscal de cualquier organización “desarrollar y ejecutar el examen crítico, sistemático y detallado de los sistemas de información financiera, de gestión y legal de la sociedad, realizado con independencia por un contador público y utilizando técnicas específicas, con el fin de emitir un informe profesional sobre la razonabilidad de la información financiera, la eficacia, eficiencia y economicidad en el ‘manejo de los recursos’ (el encomillado es mío) y el apego de las operaciones económicas a las normas contables, administrativas y legales que le son aplicables, para la toma de decisiones que permitan la mejora de la productividad de la misma”.

Perogrullo se preguntaría en este momento si las desmedidas ‘operaciones repo’, que por años realizó InterBolsa, calificarían dentro de estos sanos propósitos, o por el contrario constituían suficiente material probatorio para hacer pública la correspondiente denuncia.
Una operación tan estrambótica como la triangulación de fondos con una entidad del área de la salud, ¿no era lo suficientemente inusual y sospechosa como para haber encendido las alarmas?
En esta debacle financiera se le está haciendo un sensato juicio de responsabilidades a las entidades de control y vigilancia, llamadas Superintendencia, AMV, Bolsa de Valores de Colombia y a los miembros de las distintas juntas directivas del entramado financiero. Con algo de razón, todos estos actores pueden argumentar que actuaron hasta donde la información de que disponían les permitía hacer una evaluación razonada de la situación del conglomerado.

En el caso de la revisoría fiscal, este argumento carece de validez. Es ella la que tiene a su disposición toda la información pertinente y debe proceder de manera profesional y responsable a ejecutar el examen crítico ya reseñado.

Si este análisis se limita a dejar constancia de que los libros de contabilidad están al día y debidamente custodiados, es algo tan lamentable como que una empresa de vigilancia de una entidad bancaria, después de ocurrido un atraco a mano armada, venga a desmontarse y disculparse con el argumento de que los asaltantes estaban correctamente vestidos, respetaron los horarios de atención, usaron finas y delicadas maneras pero con todo y eso, se llevaron el dinero del público depositado en la bóveda.

Si ese es el alcance de la revisoría fiscal, evitémonos este punto en el orden del día y destinemos las apropiaciones para el pago de honorarios a apoyar causas filantrópicas o a alimentar los recursos del ICBF, supuestamente hoy en riesgo por los alcances del proyecto de reforma tributaria.

La firma que ejercía la revisoría fiscal en InterBolsa –seguramente con muchos apellidos anglosajones en su razón social– debería devolver los emolumentos percibidos en los años en que los problemas de InterBolsa eran un secreto a voces, y si, además, tiene vínculos con otras firmas de bolsa, la Superintendencia debería decretar la caducidad inmediata de esos contratos. Su actuar es inocuo o no genera confianza.

Gonzalo Palau Rivas gonzalo.palau@urosario.edu.co

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